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miércoles, 30 de mayo de 2012

El subsidio del cine

¿Es necesario subsidiar al cine?

A pesar de que las políticas de fomento al cine llevan más de medio siglo en nuestro país, sigue debatiéndose sobre la necesidad o no de apoyar la creación desde las arcas estatales. Voces de la industria lanzan argumentos a favor y en contra.

POR Juan Villegas

El fomento a través de subsidios al cine argentino es una política de Estado que lleva ya más de 50 años ininterrumpidos. El cine se subsidió siempre, bajo gobiernos de todo signo, incluso por aquellos no constitucionales. Es por lo menos llamativo. Cuando algo se instala como una costumbre se corre el riesgo de naturalizarla, de creer que siempre estuvo ahí y que seguirá por siempre. Y algo más: ya no nos preguntamos por qué y para qué está ahí. A la comunidad del cine argentino no le gusta que se discuta el concepto de fomento al cine, como si una mezcla rara de culpa y miedo cerrara todo debate antes de que empezara. ¿Culpa por recibir beneficios del Estado en tiempos de crisis (que como todos sabemos, en la Argentina son casi todos)? ¿Miedo de que alguien con poder se entere de la plata que recibe el cine y decida llevarla para otro lado? Hace falta abrir la discusión, poner en duda todo, sacarse los miedos y las culpas de encima. La mejor manera de defender la supervivencia del fondo de fomento al cine, en todo caso, va a ser siempre luchar por su eficacia y transparencia.
Guillermo Piro, escritor y periodista, dispara desde la comodidad del que no tiene nada que perder (no hace cine), pero con bienvenida incorrección política. “No sé si es bueno o no que el cine sea subsidiado, lo que digo es que ese cine me provoca ganas de vomitar. Supongo que los parásitos que viven del cine tienen que comer también. Y supongo que el mejor modo de sobrevivir haciendo algo medianamente divertido (que siempre es mejor que trabajar) es filmar películas subvencionadas por el Estado. El cine (al arte en general) subsidiado se me presenta como una contradicción. Si, como decía el poeta francés Paul Valéry, el arte es aquello que nos pone nerviosos, es improbable que un arte que sea funcional al Estado ponga nervioso a alguien, sencillamente porque es imposible que un Estado subvencione un arte que lo ponga nervioso a sí mismo. Creo que el arte debería estar lo más lejos posible de las garras del Estado, cuyos fondos deberían dedicarse plenamente a la educación. Esos subsidios nacen de la idea errónea de que el arte –la cultura, llámenlo como quieran– es lo suficientemente débil como para no poder bastarse a sí mismo. Cosa que no sólo es errónea, sino que la verdad es justamente lo contrario: el arte –la cultura– es indestructible. Es esa mentalidad de folclorista infeliz la que hace creer que el arte debe ser arropado, contenido, protegido”.
Las palabras de Piro pueden parecer escandalosas y habilitan una refutación necesaria, pero merecen ser discutidas y tenidas en cuenta. Estas frases lanzadas como al boleo, pero venenosas, pueden reafirmarnos, por oposición, en la idea de que el subsidio del Estado al cine es algo justo y necesario, pero también nos recuerdan que no es inevitable ni indiscutible.
La intromisión del Estado en la vida de los individuos sigue siendo uno de los males del mundo moderno. Esa necesidad de reglamentar cuestiones que deberían quedar, en un mundo ideal, al libre arbitrio de los hombres es, en el peor de los casos, una enfermedad del poder. En el mejor de los casos, es una fatalidad para generar equilibrios, salvar desigualdades y proteger a los más débiles. Sólo desde estos parámetros podemos contemplar una justificación conceptual del subsidio estatal al cine. José Miguel Onaindia, profesor de legislación cultural (UBA, Flacso,UP) y ex director del INCAA, propone tres dimensiones distintas para justificarlo: “a) desde los valores democráticos, el cine expresa la diversidad cultural de una comunidad, sus conflictos pasados y presentes, las aspiraciones de los diferentes grupos que la integran; b) desde lo económico, es una actividad compleja que genera riqueza material y simbólica; c) desde la política internacional, es un vehículo para la difusión del país y le otorga singularidad en la comunidad internacional.” DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), entidad que nació casi junto a la primera ley de cine, optó por responder a Ñ en nombre de su colectivo y no a título personal a través de alguno de sus directivos: “El cine argentino, como el de muchos otros países, no existiría sin el subsidio del Estado. Y esto no debe ser una definición culposa o lacerante. ¿Cómo sería posible pensar un cine nacional dentro de su propia cultura sin subsidios, cuando esta cultura es bombardeada por el desleal dumping que, tanto en cines como en tv, efectúan semana tras semana las producciones de cine procedentes de Estados Unidos? Es la protección del Estado lo único que puede garantizar la preservación del acervo cultural de su propio pueblo. Se debe subsidiar a todo el cine, para cuidar la diversidad de miradas. Pero se debería poner especial énfasis en no disociarse del interés del público local, que mediante el pago de sus entradas genera gran parte de los recursos con los que se subsidia la producción local.” DAC pone el acento en la cuestión del público. Nadie justificaría el subsidio estatal a un investigador científico por la eventualidad de que el libro producto de esa investigación se convirtiera, de pronto, en un éxito editorial. Sin embargo, al cine subsidiado se le exige desde muchos ámbitos que sea exitoso. El cine (no sólo en la Argentina) ha vivido siempre esa dicotomía entre arte e industria, sin resolverla nunca. ¿Qué debe privilegiar entonces el Estado: el valor artístico o el industrial de las películas? Rodrigo Moreno, director de El custodio y Un mundo misterioso tiene posición tomada: “El Estado debería desentenderse de la idea de industria cinematográfica porque esa idea ya fracasó: la industria hoy es un bodoque sostenido únicamente por el enorme dinero público. No hay una cadena genuina industrial. El Estado se desgasta detrás de esa idea, en lugar de asumir un rol más dinámico ayudando a pensar cómo hacer mejores películas y a delinear mejores estrategias de exhibición y consumo para el mercado interno y externo. Yo estoy a favor de que el Estado apoye a las artes, pero con poco dinero. Y estoy a favor también de que los proyectos artísticos cuesten poco dinero.” La conformación de los comités en el INCAA es otro de las claves del problema. Onaindia sostiene que “los comités no serían necesarios para todas las situaciones. Hay ayudas que pueden determinarse por el cumplimiento de requisitos objetivos y por la acreditación de estos requisitos ante la autoridad. En caso de recurrir a comités, creo que no deben ser de carácter corporativo, sino de responsabilidad individual”.
DAC cree, en cambio, que, antes que nada, debe cumplirse lo que indica la ley, que ordena que los integrantes de los comités deban ser propuestos por el Consejo Asesor, lo que implicaría una mayor incumbencia de las entidades representativas del sector. Moreno, mientras tanto, señala el ejemplo de Colombia: “Tienen un sistema transparente, modesto y eficaz, en donde la mayoría de los jurados son invitados extranjeros, para evitar así el amiguismo y la conveniencia política. Y es importante decir que el Instituto de Cine colombiano cuenta con sólo 12 empleados, trabajando en una bella casa frente a un parque. Siempre va a ser mejor pensar el Estado desde ahí que desde la omnipotencia estalinista del poder que suele imaginar la Argentina.” Una posible conclusión: Es indispensable que un sistema de subsidios defina si es de carácter universal o selectivo. En el primer caso, las ayudas serían para todas las películas, sin necesidad de comités, sólo cumpliendo requisitos técnicos objetivos. En el segundo, se haría una selección de lo más valioso. El sistema del INCAA tiende a lo segundo, pero amaga con ser lo primero. Por esa indefinición aparecen la ineficacia y las injusticias. Tal vez lo ideal fuera un sistema mixto. Por un lado, ayudas universales y comunes para todas las películas, por el simple hecho de existir como películas argentinas. Y por otro lado, ayudas selectivas, para aquellas con un nivel de calidad artístico destacado.
Planteándolo desde otro punto de vista, una política de fomento debería ayudar a que se hagan aquellas películas que se harían aun si el apoyo del Estado no existiera. Parece una paradoja, pero es la única manera de pensar un cine que se haga fuerte sin depender del paternalismo del Estado, incluso cuando reciba su ayuda. La política de fomento no debería provocar artificialmente la existencia de obras que tienen en la ayuda estatal su única razón de ser. En cambio, debe apoyar a aquellas películas que necesitan fortalecerse para sobrevivir y ser vistas.
En estos tiempos de un regreso a concepciones nacionalistas y estatistas que parecían perimidas, hace falta más que nunca pensar el rol del Estado en función del desarrollo cultural de un país y su sociedad. El objetivo debería ser una optimización de los recursos que generen las condiciones para que se hagan las mejores películas posibles, las más libres y ambiciosas, las más frescas y arriesgadas. Y que exista un contexto para que encuentren su público. El resto vendrá por añadidura.

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